A menos de 24 horas de que se de a conocer la sentencia por el aberrante crimen de Lucio Dupuy, la ONG Fundación Más Vida presentó una denuncia penal en contra la jueza Ana Pérez Ballester por considerar que incumplió los deberes de Funcionario Público al restituirle en el 2020 la tenencia del menos a su progenitora Magdalena Espósito Valenti.
El fundamento de la causa está basado en la supuesta responsabilidad que la jueza tuvo en el calvario que sufrió Lucio por su decisión, que habría sido tomada sin el estudio socio ambiental previo y sin reparar en las múltiples denuncias efectuadas por el padre del menor.
"Estamos ante un caso evidente de mal desempeño. Cuando la custodia de Lucio fue entregada a los tíos, se hicieron estudios de todo tipo pero no así cuando se le entregó a la pareja responsable de su tortura y muerte. Ahí, la jueza incumplió los controles, lo que derivó en la muerte evitable de Lucio, si tan solo hubiera ordenado los controles del caso”, explicó a Radio Mire Raúl Magnasco, presidente de la fundación denunciante.
El alcance de la denuncia
El incumplimiento a los deberes de funcionario público es un delito en el que se incurre cuando una persona de ese calibre dicta órdenes contrarias a lo reglamentario o si no cumple con sus deberes.
La autoridad que debe recibir la declaración jurada debe intimar al funcionario o funcionaria para que presente la declaración jurada en un plazo de 15 días. Si no cumple con la intimación, comete falta grave y se le deben aplicar sanciones. Puede suspenderse el cobro de su sueldo hasta que cumpla con la obligación, omita acciones imprescindibles a su función o las incumpla.
La pena correspondiente es variable y puede ir desde una amonestación, a la suspensión temporal de sus funciones sin goce de suelto e incluso, la destitución.