Un productor agropecuario de Córdoba ha sido condenado a pagarle una compensación de 2 millones de pesos a un empleado que trabajó durante 12 años en condiciones inhumanas en su establecimiento dedicado a la cría de vacas. El hecho tuvo lugar en Coronel Moldes, una ciudad ubicada en el departamento de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Según el veredicto emitido por el Tribunal Oral Federal 1 de la provincia, el empresario ganadero Hugo Kuseman, de 82 años, fue acusado del delito de trata de personas y acordó pagar esta suma al empleado para evitar la continuación del juicio.
Esta compensación se suma a los 500 mil pesos que Kuseman ya había pagado como parte de un acuerdo celebrado en 2020. El productor agropecuario fue acusado de explotar laboralmente a su empleado al pagarle salarios insuficientes, hacerlo trabajar largas jornadas laborales de lunes a lunes sin días de descanso, y mantenerlo en condiciones deplorables de habitabilidad, sin acceso a instalaciones sanitarias ni electricidad, según establece el fallo. Además, el fallo agrega: "Además, la víctima se veía impedida de finalizar la relación laboral debido a la falta de recursos económicos, y en caso de tener que visitar a su esposa enferma, sus nietos de 13 y 17 años debían cubrir su trabajo, lo que demuestra que sus salidas del establecimiento estaban restringidas. Todo esto indica una situación de vulnerabilidad de la víctima frente al acusado, a quien difícilmente podría oponerse".
El tribunal cordobés afirmó en su fallo que, de acuerdo con lo establecido en la ley 27.147, promulgada en el Boletín Oficial en 2015, la acción penal contra Kuseman se extingue debido al acuerdo alcanzado con la víctima. El juez Julián Falcucci validó el acuerdo entre las partes: "Considero apropiado enmarcar este caso dentro del instituto de conciliación, dadas las dificultades que conlleva una eventual evaluación de la magnitud del daño causado a la víctima para determinar si ha sido reparado en su totalidad".
"Estamos presenciando un cambio de paradigma en el derecho penal, al buscar la resolución de conflictos a través de mecanismos alternativos a las sanciones penales tradicionales (prisión, multa e inhabilitación). Con el enfoque puesto en la víctima del delito, también se abre la posibilidad de una mejor situación procesal para el acusado, quien de lo contrario enfrentaría un juicio oral con la posibilidad de recibir una condena, y se favorece la dinámica de la práctica judicial", evaluó el juez.
En consecuencia, la resolución judicial establece que Kuseman "está obligado a pagar la suma de dos millones de pesos ($2.000.000), que se abonarán a partir del mes de junio en dos cuotas iguales y sucesivas".