Tras anunciar una nueva medida de fuerza para este miércoles en todas las líneas de subte y el premetro, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) se volvió a pronunciar sobre el pedido de remover los vagones contaminados con asbesto, un mineral volátil prohibido por su peligrosidad en Argentina en 2003.
"Hemos hecho todo lo humanamente posible para que solucionaran la crisis sanitaria provocada por la presencia de asbesto cancerígeno y para que dejen de poner en riesgo la vida de millones de usuarios y trabajadores del subte, sin obtener aún respuesta, al contrario han cerrado todos los canales de dialogo", aseguraron a través de un comunicado.
Mientras que la Justicia falló a favor de los trabajadores, la empresa Emova, por su parte, sostiene que está quitando el material nocivo. Además, repudió "la postura inflexible" adoptada por la AGTSyP y sostuvo que la reducción de la jornada laboral de 36 a 30 horas semanales "resulta inviable sin afectar la operación de la red de Subte".
Según el sindicato, la presencia de asbesto fue detectada en 2018, luego del fallecimiento de tres trabajadores. Además, denuncian que 87 empleados y 1 pasajera resultaron afectados, en tanto que 2.150 trabajadores deben asistir a una visita médica todos los años para verificar que no haya secuelas por la exposición.
Los vagones contaminados fueron comprados a España durante el gobierno de Mauricio Macri. No hay funcionarios detenidos por la compra pese a que es considerada ilegal. Martín Paredes, uno de los choferes afectados, declaró: "Hace 29 trabajo como conductor. En el 2019, me descubrieron inflamación de pleura y neumoconiosis en el pulmón derecho por el asbesto".
Daniel Fernández, el primer trabajador en recibir el diagnóstico de cáncer por asbesto, declaró: "La exposición hizo que me sacaran medio pulmón y que me jubilaran a los 58 años. A mí la empresa no me puede decir que el subte se volvió seguro. Mis 85 compañeros y 3 fallecidos son la vivencia de esto".
En febrero, la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad confirmó una sentencia de primera instancia que había dispuesto, como medida cautelar, la prohibición de la manipulación o contacto con piezas, materiales, componentes o lugares con asbesto, en particular en las distintas formaciones en uso o que hayan estado en circulación.
El fallo estableció que la responsabilidad del gobierno porteño "quedó de manifiesto a partir de las declaraciones de las propias autoridades de Sbase, que reconocieron no haber visto en su momento los manuales técnicos de las formaciones adquiridas a España por su voluminosidad".