El psicólogo y panelista venezolano Gabriel Cartañá Borlengui enfrenta un escenario judicial cada vez más complicado. El juez Eugenio Labeau, a cargo del Juzgado Civil N° 80 de CABA, ordenó avanzar en la demanda en su contra y advirtió que, pese a sus evasivas, todas las resoluciones judiciales se le considerarán notificadas automáticamente.
La denuncia contra Cartañá fue presentada por Nahir Galarza, quien lo acusa de falsificar su firma en una supuesta carta de consentimiento para difundir información en los medios, además de violar el secreto profesional. En 2020, la joven entrerriana inició acciones legales contra el psicólogo, conocido por su participaci??n en Bendita TV (Canal 9), y la notificación de la demanda fue recibida y firmada por su hermana, Mónica Cartañá Borlengui, en su domicilio en San Miguel, Buenos Aires.
Según Galarza, su caso se convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes, con libros, una película y una serie documental. Cartañá se ofreció en 2018 para realizarle pericias psicológicas mientras ella estaba detenida en la Comisaría de la Minoridad y la Mujer en Gualeguaychú. El acuerdo contemplaba tres visitas y una serie de pruebas que, de cumplir con estándares profesionales, serían incorporadas al expediente judicial.
Sin embargo, la defensa de Galarza, encabezada por el abogado Horacio Dargainz, sostiene que el psicólogo incumplió lo pactado. Solo realizó dos entrevistas de 40 minutos y presentó un informe "básico e incompleto" que fue rechazado por su inconsistencia profesional y descartado en el juicio.
En el libro El Silencio de Nahir, Crónica de un Linchamiento Mediático, escrito por su exvocero Jorge Zonzini, Galarza expresó su desconfianza hacia Cartañá: "Es un farsante. Menos mal que no me abrí con él, para mí solo era un viejo baboso que decía las mismas boludeces que en Bendita TV.”
Dargainz explicó que la demanda busca sentar un precedente para evitar que otras mujeres adolescentes sean expuestas públicamente sin su consentimiento:
"Decidimos demandarlo penal y civilmente para que ninguna otra mujer sufra una vulneración similar. Cartañá expuso su intimidad en televisión, radio y hasta en espectáculos teatrales, con fines económicos y sin escrúpulos, violando el secreto profesional."
Por su parte, Cartañá desestimó la acusación y la calificó de "maniobra de promoción". No obstante, presentó una carta supuestamente firmada por Galarza en la que ella le habría autorizado a divulgar la información, documento que la querella denunció como falsificado.
Los peritos calígrafos determinaron que la firma de Galarza en ese documento es apócrifa, lo que podría derivar en una imputación contra Cartañá por estafa procesal, delito tipificado en el artículo 172 del Código Penal con penas de uno a seis años de prisión.
La causa, inicialmente tramitada en el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Paraná, quedó bajo la jurisdicción del Juzgado Civil N° 80 de CABA, con intervención de la Fiscalía en lo Civil y Comercial N° 3.
Mientras tanto, Galarza espera que su caso sea revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tras cuatro años de terapia en prisión, sostiene una nueva versión de los hechos: que su padre, Marcelo Galarza, fue el verdadero responsable del asesinato de Fernando Pastorizzo en diciembre de 2017, crimen por el que fue condenada a prisión perpetua a los 19 años, convirtiéndose en la mujer más joven en recibir dicha sentencia en Argentina. Hasta ahora la justicia argentina la ha considerado culpalble en odas las instancias, incluso la Corte Suprema.