El caso de Nahir Galarza sigue generando debate en la opinión pública y en los medios, tanto nacionales como internacionales. En los últimos dos años, el interés por su historia se reflejó en la producción de una película y una serie documental realizadas por gigantes del entretenimiento como Paramount, Amazon y HBO.
El origen de estos proyectos audiovisuales se remonta al libro El Silencio de Nahir, Crónica de un Linchamiento Mediático, escrito por su exvocero y manager de medios, Jorge Zonzini. En su obra, el autor anticipó presuntas irregularidades que rodearon el juicio y la celeridad con la que Galarza fue condenada a cadena perpetua en apenas seis meses.
La película Nahir, protagonizada por Valentina Zenere, y la serie documental que reúne los testimonios de los protagonistas del caso, reavivaron la controversia sobre la sentencia. Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se suma a la discusión, lo que podría abrir un nuevo capítulo en el proceso judicial.
La denuncia contra una perito clave en el caso
Uno de los puntos centrales de la nueva disputa judicial gira en torno al peritaje informático que fue determinante en la condena de Galarza. La defensa de la joven presentó una denuncia penal contra Gabriela Estefanía Laiño, licenciada en Bromatología, quien habría realizado pericias informáticas sin contar con la acreditación correspondiente.
Según los abogados José Esteban Ostolaza y Pablo Ezequiel Sotelo, Laiño, funcionaria de la División Criminalística de la Policía de Entre Ríos, llevó a cabo tareas para las que no estaba capacitada, como la apertura de teléfonos bloqueados, desgravaciones digitales y toma de muestras fotográficas. La denuncia presentada ante la fiscalía y la CIDH la acusa de usurpación de autoridad, títulos y honores, en concurso con falso testimonio, de acuerdo con los artículos 247, 54 y 275 del Código Penal.
Uno de los episodios más controvertidos ocurrió en diciembre de 2017, cuando Laiño, por orden del fiscal Sergio Rondoni Caffa, intentó desbloquear el teléfono de Fernando Pastorizzo en la morgue utilizando su huella digital. La defensa sostiene que este procedimiento, junto con otros peritajes cuestionables, podría invalidar pruebas clave en el juicio.
¿Un posible giro en el caso?
El debate sobre la legalidad de las pericias se intensificó cuando Laiño inició una demanda laboral contra el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), donde reconoció haber sido obligada a realizar tareas ajenas a su profesión bajo presión de fiscales y autoridades. El fallo en su favor confirmó que no tenía formación en pericias informáticas y que su labor le causó secuelas psicológicas, por lo que recibió una indemnización del 24,3%.
Si se comprueba que los peritajes fueron realizados por una persona sin la acreditación necesaria, la defensa de Galarza podría solicitar la nulidad de esas pruebas y exigir la revisión del fallo. Según los abogados, una “pericia apócrifa” invalida el resto de la investigación.
Jorge Zonzini, primer denunciante de las irregularidades y exvocero de Galarza, se pronunció al respecto:
“Siempre supe que cuando un alto tribunal internacional analizara la arbitrariedad y la falta de perspectiva de género con la que la justicia entrerriana juzgó a una mujer adolescente, este fallo vergonzoso se caería”.
Zonzini confía en la posibilidad de un nuevo juicio supervisado por expertos en derecho internacional podría marcar un punto de inflexión en el caso que sigue dividiendo a la sociedad.
En noviembre de 2024, la condena a Nahir Galarza fue confirmada por la Corte Suprema.