El sábado 12 de junio, oficiales de Córdoba irrumpieron en una casa de Villa Carlos Paz, para detener a 13 influencers: entre ellos La Chabona, Corazón de seda, Kiko de Zona sur, Owin la voz del perreo, El Joker Argentino, Eve Almaraz, entre otros. Según las primeras versiones que habían indicado los medios locales, los vecinos habían denunciado ruidos molestos y fiestas ilegales en aquel domicilio. Por este motivo, quedaron demorados por infringir al artículo 205 del Código Penal.
Sin embargo, los protagonistas de este escándalo, sostienen que se trató de una confusión. En diálogo con Revista Pronto, la bailarina y youtuber Eva Almaraz declaró: “No hubo ninguna fiesta, no teníamos wifi ni equipo de música”. Ella había sido invitada para viajar a Villa Carlos Paz por cuestiones laborales y se dirigió en micro desde Buenos Aires (y no en combi con los otros instagramers como se había dicho).
“Fuimos a trabajar, a hacer un reality en contra de la discriminación y del abuso del poder. Cuando cayó el allanamiento yo estaba acostada y no hubo ninguna fiesta. La policía abusó de su poder. Fui testigo de cómo maltrataron a La Chabona, la agarraron del brazo y ejercieron violencia de género hacia ella”, relató la promotora y modelo. “Yo fui a trabajar con un permiso legal de 24 horas. Con el tema de la pandemia, cerraron los boliches en donde yo estaba y ahora el 20, tengo que pagar el alquiler y no tengo trabajo”, se lamentó.
En este sentido, apuntó a Cinthia Fernández, panelista de Los Ángeles de la mañana con quien tuvo un cruce en Twitter: “Estoy sufriendo discriminación. Hizo un tweet diciendo que era una falta de respeto que yo pida entrar a La Academia, ¿Por qué yo no puedo entrar? Ella estuvo siete años haciendo una carrera con su hilito dental. ¿Por qué yo no puedo y ella sí?”, expresó muy indignada.
A su vez, se refirió al representante artístico Christian Manzanelli, que también tiene abierta una causa: “Lo maltrataron, lo tuvieron detenido. Es un empresario con varias propiedades, que lo único que hace es rescatar a chicos de la calle y darles un lugar para vivir”, explicó y agregó que “hubo ensañamiento por parte de los efectivos”. Por otro lado, insistió en que no existieron razones para que los demoraran. “No rompimos ningún protocolo y estábamos todos legales. Los chicos no pueden volver porque les retuvieron los celulares y allí tienen su cuenta de Mercado Pago y sus permisos. Fue inconstitucional lo que hicieron”.