No estaría siendo el mejor momento para Shakira. Luego de su escandalosa separación de Gerard Piqué, ahora la cantante colombiana enfrenta un nuevo problema que podría hacerla terminar entre barrotes. La Fiscalía española presentó en las últimas horas un escrito denunciándola por evasión fiscal. Se la acusa de 6 delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14.5 millones de euros.
Esto habría sido entre los años 2012 y 2014, cuando la artista habría simulado no residir en España y estaba domiciliada en otro paraíso fiscal. Sin embargo, la Fiscalía asegura que desde el 2012 la artista ya debía tributar en el país.
El equipo legal de la intérprete de "Te felicito" intentó negociar una condena menor pero ella se negó a este acuerdo asegurando que es completamente inocente, por lo cual, la causa se elevó a Juicio.
Shakira ya pagó los 14.5 millones de euros más otros 3 millones de intereses pero esto no impide que el proceso penal siga en curso. La Fiscalía a su vez, pidió una multa millonaria de 23 millones de euros, un monto mucho mayor que todo lo que debía la ex de Gerard Piqué.
En un comunicado oficial, la cantante colombiana contó que optó por “dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón”. La intención de Shakira es comprobar su inocencia y seguir adelante con el proceso judicial.
Este caso se remonta al 2017 cuando una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, denominada "Papeles del paraíso", reveló que la cantante estaba supuestamente domiciliada en un paraíso fiscal en las Bahamas desde 2012.
Dicha investigación también aseguró que la cantante gestionaba sus ingresos, unos 31.6 millones de euros por derechos de autor, en otros dos países: Malta y Luxemburgo. La defensa de la artista declaró que desde 2014 ella residía en Las Bahamas pero que luego tuvo que viajar sin parar por su trabajo y que hasta 2015 su estadía en España no superó el plazo que la obligaba a tributar sus ingresos.
Por otro lado, los abogados explicaron que la gestión de esos millones de euros se realizó desde el año 2007 a través de una sociedad maltesa que habría cumplido con todos los requisitos legales.